Un patrón sistemático en el que las obras y bienes municipales existían antes de iniciar formalmente sus procesos de contratación es la prueba central que maneja la Fiscalía General del Estado en el denominado caso Ornato Municipal. El expediente judicial contra el alcalde de Pujilí, José Arroyo Cabrera, detenido el 7 de agosto de 2025 y a quien recientemente una Sala de la Corte Provincial de Cotopaxi le suspendió el plazo de caducidad de la prisión preventiva junto a diez procesados más, detalla que estructuras metálicas, esculturas y miles de plantas fueron ejecutadas o sembradas por trabajadores del propio cabildo semanas y meses antes de adjudicar los contratos públicos para darles apariencia de legalidad.
La investigación abarca cuatro procesos contractuales que suman 340.664,26 dólares e incluyen evidencias digitales como videos de Facebook y chats de WhatsApp donde los mismos obreros del municipio registraron la elaboración de esculturas de patos y óvalos abstractos, apodados los “huevitos”, usando talleres y recursos institucionales previo a la firma de contratos por 13.000 y 20.000 dólares. Un esquema similar se repetirá en la adquisición de vegetación y palmeras, donde además un peritaje agronómico detectó un faltante de 8.618 especies vegetales con relación a los documentos oficiales y se desmintió una presunta donación de colectivos LGBTI+ que la administración municipal usó para justificar el origen del material botánico.
Por su parte, la defensa técnica del alcalde, liderada por el abogado David Meza, rechaza las imputaciones solicitando el sobreseimiento del funcionario y la exclusión de pruebas clave como los peritajes financieros y análisis de chats. La postura defensiva argumenta que la Fiscalía no ha logrado cuantificar de forma concreta un perjuicio patrimonial ni ha determinado la existencia de sobreprecio en las contrataciones, señalando que las anomalías detectadas por la acusación corresponden únicamente a fallas de índole administrativa y no a un delito penal.
