El panorama judicial del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se ha intensificado drásticamente en un margen de pocos días al confluir tres causas penales independientes pero derivadas de sus actividades empresariales y de las medidas cautelares impuestas. El pasado 3 de agosto de 2026, el Tribunal de Garantías Penales dictó una condena en primera instancia de tres años de prisión —la pena máxima— contra la autoridad municipal en el denominado caso Grillete, al hallarlo culpable de incumplir la orden de portar el dispositivo electrónico de vigilancia durante un allanamiento a su residencia en Samborondón. Pese a que se descartó la manipulación técnica del aparato por fallas en la cadena de custodia, el juzgado aplicó además una multa de diez salarios básicos ($ 4.820) y la obligación de emitir disculpas públicas, decisión que la defensa del alcalde ya anunció que apelará.
Paralelamente, Alvarez aguarda la sentencia en el caso Triple A, el proceso más antiguo donde la Fiscalía solicita la pena máxima de seis años y nueve meses de cárcel para él y otros 21 procesados por la supuesta comercialización ilegal de hidrocarburos. Tras cerrar el debate probatorio el 2 de agosto con base en informes de Petroecuador, la ARCH y el SRI, el tribunal analiza su resolución previa al 7 de septiembre de 2026, fecha en que caducaría la prisión preventiva del funcionario en esta causa, mientras que la defensa sostiene que no se puede adjudicar responsabilidad penal únicamente por su condición de representante legal de las empresas investigadas.
Finalmente, el tercer frente judicial se reabre este martes 11 de agosto de 2026 con la instalación de la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio en el caso Goleada, donde se procesa al alcalde, a sus hermanos Antonio y Xavier, a su esposa Fiorella Icaza, a su madre Gioconda Henriques y a otros 21 investigados por presunto lavado de activos. Para evitar nuevos diferimientos tras tres convocatorias fallidas, el juez anticorrupción Jairo García declaró la diligencia como improrrogable hasta el 28 de agosto, disponiendo la presencia obligatoria de la defensoría pública en caso de ausencias de abogados privados, escenario en el que la Fiscalía formalizará su acusación sobre una supuesta red utilizada para blanquear capitales provenientes del negocio de combustibles.
