La Fiscalía General del Estado presentó la estructura y la teoría del caso en el denominado Caso Blindaje, un proceso por presunto delito de lavado de activos que involucra al alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, a dos exjueces y a otras seis personas que actualmente cumplen prisión preventiva tras ser detenidos en junio anterior. Según el dictamen fiscal, la red delictiva operó de manera sistemática entre 2020 y mayo de 2025 para desviar y bancarizar al menos 7.543.716,52 dólares provenientes de fondos estatales, utilizando la coordinación entre funcionarios públicos, empresas fachada y allegados.
La maniobra delictiva se articuló principalmente a través de dos frentes: el cobro judicial de fallos contra la estatal Petroecuador —por montos de 2 millones y 15 millones de dólares— mediante acciones de protección irregulares, y la adjudicación de contratos de mantenimiento petrolero por más de 5,2 millones de dólares a favor del Consorcio Torre VL-V1. Para borrar el rastro del dinero, los involucrados ejecutaban “pases de mano” financieros inmediatos —donde profesionales del derecho transferían hasta el 95% de sus honorarios al alcalde el mismo día de la acreditación— y emplearon camiones blindados de valores para retirar 980.000 dólares en efectivo y repartirlos en Quito y Esmeraldas.
Las pesquisas de la Fiscalía destaparon además nexos con la delincuencia organizada y simulación de transacciones comerciales con firmas liquidadas como Rey Pez Pacific y Pezymar, esta última vinculada a cabecillas criminales. A esto se suman marcadas inconsistencias tributarias del burgomaestre, quien entre 2020 y 2024 registró depósitos en el sistema financiero por más de 5 millones de dólares, pero ante el Servicio de Rentas Internas (SRI) declaró apenas 192.474,05 dólares. Pese a que fallos de la Corte Constitucional ordenaron la restitución de los recursos a Petroecuador, los montos no han sido devueltos, mientras los procesados permanecen en custodia a la espera de las etapas decisivas del juicio.
