El 4 de junio de 2025, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC), liderada por Viviana Veloz, acusó al presidente Daniel Noboa de intentar “tomarse” el Consejo de la Judicatura (CJ) al retrasar el envío de la terna del Ejecutivo al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) para designar vocales, según un comunicado publicado en X. La RC señala que esta demora mantiene a Mario Godoy como presidente encargado del CJ, a pesar de su vinculación al caso Pendrive y escándalos de corrupción, lo que consideran una maniobra para consolidar el control político del Ejecutivo sobre la Función Judicial.
Contexto de la acusación
El período de seis años de los vocales del CJ finalizó en abril de 2025, dejando al organismo con autoridades prorrogadas, incluyendo a Godoy, quien asumió la presidencia tras la salida de Wilman Terán, procesado en el caso Metástasis. La RC critica que Noboa no ha enviado la terna correspondiente, lo que impide al CPCCS avanzar en la designación de nuevos vocales, manteniendo un CJ incompleto y vulnerable a influencias externas. La bancada asegura que esta situación pone en riesgo la independencia judicial, especialmente tras la prórroga de funciones de la fiscal general Diana Salazar y el fiscal subrogante Wilson Toainga, quienes también carecen de reemplazos definitivos.
Antecedentes y tensiones
La relación entre Noboa y la RC ha sido tensa desde que la bancada se declaró en oposición al Gobierno en abril de 2024, registrándose ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) para evitar persecuciones políticas. En mayo de 2024, Noboa vetó totalmente una reforma al Código Orgánico de la Función Judicial que otorgaba licencias sin sueldo a vocales del CJ con prisión preventiva, como Terán y Xavier Muñoz, procesados por obstrucción de la justicia, calificándola como un intento de “impunidad” por una “nueva alianza” liderada por la RC. La RC, que controla el 40% de las presidencias de comisiones en la Asamblea, ha impulsado juicios políticos contra figuras del Ejecutivo, como el ministro de Defensa Gian Carlo Loffredo, y ha intentado interpelar a la fiscal Salazar, aunque Noboa expresó su respaldo a esta última en noviembre de 2023.
Implicaciones y críticas
La RC argumenta que la demora en las designaciones refleja un intento de Noboa de influir en el sistema judicial, un señalamiento que se intensifica tras su propuesta en la consulta popular de 2024, aprobada por la Corte Constitucional, para que el CJ y la Contraloría evalúen a servidores judiciales, incluyendo auditorías patrimoniales en un plazo de diez meses. Analistas como Juan Manuel Guzmán consideran esta medida innecesaria, ya que el CJ ya tiene competencias de evaluación, pero critican su falta de transparencia, especialmente bajo administraciones cuestionadas como la de Terán. Otros, como Roberto Calderón, sugieren que Noboa busca legitimidad para financiar auditorías externas, dado que el CJ y la Contraloría carecen de recursos para cumplir con dichas evaluaciones.
Respuesta del Ejecutivo y contexto político
El Gobierno de Noboa no ha respondido directamente a la acusación de la RC, pero el presidente ha enfatizado su rechazo a la “vieja política” y a cualquier pacto con sectores vinculados a la corrupción, como señaló en noviembre de 2024 tras críticas de Rafael Correa y Guillermo Lasso. Noboa, quien se define como centroizquierda y lidera la coalición Acción Democrática Nacional (ADN), ha enfrentado cuestionamientos por la fragilidad de su bloque legislativo, con solo 13 escaños iniciales en la Asamblea, aunque ha sumado apoyos del Partido Social Cristiano (PSC) y Construye. Su victoria en las elecciones de 2023 y 2025 consolidó su liderazgo en 14 provincias, frente a las 10 de la RC, pero las tensiones con la oposición persisten.
La acusación de la RC refleja un nuevo capítulo en el enfrentamiento entre Noboa y el correísmo, con el CJ como foco de disputa por el control del sistema judicial, en un contexto de desconfianza ciudadana hacia la justicia ecuatoriana, agravada por casos de corrupción como Metástasis.
