El presidente Daniel Noboa declaró el 5 de junio de 2025 como prioridad nacional la prevención y erradicación del reclutamiento de niños, niñas y adolescentes por grupos delincuenciales, mediante el Decreto Ejecutivo N.° 21. Este decreto establece un Comité Interinstitucional para formular y ejecutar políticas públicas, planes y estrategias que combatan este problema, protegiendo a los menores de grupos armados, terroristas y de delincuencia organizada. La Presidencia enfatizó que la protección de los menores es una prioridad del Gobierno, asegurando que no permitirá que los niños ecuatorianos caigan en manos de la delincuencia o el terrorismo.
El comité coordinará acciones entre 17 instituciones estatales para implementar medidas integrales y técnicas. En 2024, Guayas y Pichincha lideraron las detenciones de menores vinculados a bandas criminales, con 3.086 menores detenidos entre enero y octubre, casi el doble que en 2023 (1.889). Un caso reciente en Quito mostró el rescate de un adolescente reclutado por una banda, destacando la urgencia de estas medidas. El Código Orgánico Integral Penal sanciona el reclutamiento de menores en conflictos armados con penas de 10 a 13 años de prisión.
Esta declaratoria se da en el contexto de un conflicto armado interno y estados de excepción por el aumento de la violencia en Ecuador. El Gobierno busca garantizar la seguridad y desarrollo de los menores, respondiendo a una problemática alarmante que afecta a las familias ecuatorianas. La creación del comité refleja un esfuerzo por articular respuestas efectivas contra la explotación de menores por parte de organizaciones criminales.
