El Gobierno de Colombia oficializó el levantamiento de la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en el territorio nacional, una promesa de campaña ratificada por el presidente Abelardo de la Espriella. El mandatario justificó la medida bajo el argumento de que la restricción previa vulneraba la capacidad de autodefensa de la ciudadanía respetuosa de la ley, dejando el monopolio del armamento en manos de agrupaciones al margen de la ley. La normativa restablece la vigencia de los permisos individuales previamente concedidos sin necesidad de salvoconductos especiales.
La administración gubernamental aclaró que la decisión no implica una flexibilización indiscriminada ni el libre acceso a armamento, dado que se mantendrán los controles evaluativos y los requisitos fijados por las autoridades competentes. El decreto, con entrada en vigor prevista para este miércoles, instruye al estamento militar a adoptar los mecanismos operativos necesarios para validar las licencias que no se encuentren vencidas, canceladas o revocadas por orden judicial o administrativa previa.
De la Espriella contrapuso la medida con las cifras de incautaciones registradas en lo que va del año, reportando el decomiso de más de 15.000 armas de fuego, de las cuales la gran mayoría estuvo vinculada a la comisión de delitos y al accionar de estructuras delictivas como las disidencias de las FARC, el Clan del Golfo y el ELN. El jefe de Estado enfatizó que la fuerza pública focalizará sus esfuerzos en perseguir y desarmar a los grupos criminales en lugar de restringir a los portadores legales.
