Habitantes de Churoloma y sectores aledaños en el Distrito Metropolitano de Quito manifestaron su rechazo e inquietud frente al desarrollo del proyecto para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (PTAR) Tumbaco-Cumbayá. La iniciativa, valorada en $ 75 millones y con un plazo de ejecución previsto para iniciar en 2029, ha generado fuertes fricciones debido a que las autoridades municipales aún no han emitido respuestas formales a un pliego de 91 observaciones técnicas y jurídicas presentadas por la comunidad organizada.
Las tensiones se agudizaron tras la asamblea consultiva realizada el pasado 18 de octubre de 2026, espacio en el cual los vecinos denunciaron una serie de inconsistencias procedimentales. De acuerdo con Carolina Valarezo, abogada y residente de la zona, la delimitación del área de influencia social directa habría sido modificada de forma arbitraria en el estudio de impacto ambiental, excluyendo a barrios cercanos como La Viña y Pijahua, cuyas viviendas se ubican a menos de 300 metros del terreno proyectado. Asimismo, la comunidad cuestionó la falta de claridad en el manejo del biogás, la ausencia de modelaciones sobre la dispersión de olores, las ofertas de expropiación consideradas inferiores al valor comercial y la presencia de personas ajenas al sector durante el registro de participantes.
Ante la falta de apertura institucional y las respuestas insatisfactorias por parte de las entidades responsables, los moradores advirtieron que evaluarán la presentación de acciones legales, como medidas de protección judicial, para frenar un proceso que consideran viciado. Los pobladores exigen que se tome en cuenta una propuesta alternativa de ubicación presentada el 15 de octubre para alejar la infraestructura de las zonas residenciales, reclamando transparencia y el respeto irrestricto a los mecanismos reglados de participación ciudadana antes de avanzar con la obtención de la licencia ambiental.
