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Investigan presunta red de exportación irregular de balsa vinculada a narcotráfico y lavado de activos en Los Ríos

Una denuncia ante la Secretaría de Integridad salpica a seis empresas con capitales chinos y señala la posible complicidad de funcionarios públicos en la emisión de permisos.

Escrito por Abel Cano

noviembre 4, 2026 | 08:27 ECT

Una denuncia formal presentada el pasado 26 de octubre de 2026 ante la Secretaría General de Integridad Pública (SGIP) alertó sobre una presunta red irregular dedicada al acopio, procesamiento y exportación de madera de balsa en la provincia de Los Ríos. La trama involucraría a seis empresas interconectadas con capitales chinos domiciliadas en el cantón Buena Fe —entre las que destaca Winnerplus Cía. Ltda.—, sospechadas de servir como fachada para actividades de tráfico de drogas, uso de criptoactivos y operaciones de lavado de dinero mediante transferencias no bancarizadas.

El expediente apunta a una posible colusión de agentes del Servicio Nacional de Aduanas (Senae), del Ministerio de Ambiente y Energía y del Ministerio de Desarrollo Económico, quienes habrían facilitado guías de movilización y licencias ambientales de forma irregular. Durante una entrevista previa con Radio Sucre, el presidente Daniel Noboa hizo referencia al caso tras revelar investigaciones del FBI sobre “empresas fantasma” operando en el país. El mandatario cuestionó además la falta de trabajadores afiliados al IESS en firmas que registran exportaciones millonarias a China y criticó la condecoración al mérito ambiental otorgada a Winnerplus por la Prefectura de Los Ríos a inicios de octubre.

Las indagaciones técnicas del caso exponen anomalías en los registros comerciales y tributarios del grupo societario, administrado principalmente por los ciudadanos chinos Gu Zuqiang y Li Junhua. Entre los hallazgos constan patrones atípicos de facturación FOB en montos fijos repetitivos, rotación de clientes internacionales y antecedentes de incautación de drogas en cargamentos asociados a Winnerplus. La SGIP recopila información con las entidades de control para remitir el expediente a la Fiscalía General del Estado e iniciar las acciones penales correspondientes.

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