Un colectivo ciudadano, respaldado por el concejal Fidel Chamba y la asambleísta Inés Alarcón, exige que la autopista General Rumiñahui, que conecta Quito con el valle de los Chillos, pase del control de la Prefectura de Pichincha al Municipio de Quito. El 27 de marzo de 2025, presentaron una acción de inconstitucionalidad en la Corte Constitucional contra el peaje de $0,39, argumentando que afecta la economía de los usuarios y el derecho a la libre movilidad. El colectivo Vecinos Unidos Fuera Peaje Fuera, liderado por Jorge Calero, propone que la Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas (Epmmop) asuma la administración, dado su presupuesto para vías urbanas.
La demanda señala que la ordenanza provincial que fija el peaje viola normas constitucionales, ya que el Concejo Metropolitano de Quito, no el Consejo Provincial, tiene competencia para establecer tributos en el Distrito Metropolitano. Un informe de la Contraloría de 2024 reveló que la Prefectura dejó de recaudar $24.588 por aplicar tarifas incorrectas a vehículos pesados y no otorgar descuentos a adultos mayores, evidenciando fallas en la gestión del peaje automático. Los demandantes también presentarán un reclamo ante la Defensoría del Pueblo y no descartan cierres temporales de la vía si la acción no prospera.
La autopista, por la que circulan 87.000 vehículos diarios, genera $11-12 millones anuales, pero enfrenta críticas por congestión y mantenimiento insuficiente. La Prefectura, que administra la vía por delegación del Municipio, desconocía la demanda al momento de la publicación. La Corte Constitucional evaluará la acción, mientras los usuarios esperan una resolución que podría eliminar el peaje o transferir la gestión al Municipio, reduciendo costos y mejorando la vialidad.
