El expresidente de la República, Abdalá Bucaram Ortiz, fue sentenciado la noche del miércoles 9 de septiembre de 2026 a una pena de 9 años y dos meses de prisión en calidad de colaborador del delito de delincuencia organizada. La resolución fue adoptada por un tribunal integrado por los jueces Gandhy Cervantes, Ivonne Vásquez y Pablo Coello dentro del caso denominado Pruebas COVID-19, proceso que investigó irregularidades en la comercialización de insumos médicos durante la emergencia sanitaria de 2020. Esta condena representa la primera sanción penal dictada contra Bucaram en sus más de cuatro décadas de trayectoria pública.
La sentencia del tribunal alcanzó también a otros tres procesados en la causa. Su hijo, Jacobo Bucaram Pulley, recibió una pena idéntica de 9 años y dos meses como colaborador, mientras que el exagente de la Agencia Metropolitana de Tránsito (AMT), Leandro Berrones, fue sancionado con 13 años y cuatro meses de cárcel como autor directo. Por su parte, el ciudadano israelí Sheinman Oren fue condenado a dos años y ocho meses de prisión tras acogerse a la figura de cooperación eficaz. La resolución judicial incluyó multas económicas de $9.640 para Bucaram y su hijo, $19.280 para Berrones y $2.892 para Oren, además de la difusión pública del fallo como medida reparatoria.
El dictamen pone fin a una prolongada trayectoria de procesos judiciales que enfrentó el exmandatario desde la década de 1980, incluyendo investigaciones por peculado en casos como Cascajo, Mochila Escolar y Gastos Reservados, los cuales prescribieron en 2017 tras dos periodos de exilio en Panamá. A la par de la condena dictada en esta causa, Bucaram mantiene pendiente la etapa de juicio en un proceso por tráfico ilícito de armas iniciado en 2020, acumulando diversos aplazamientos procesales, mientras que en un expediente paralelo por tráfico de bienes culturales obtuvo un sobreseimiento.
