El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez Henriques, sumó una tercera orden de prisión preventiva vigente en su contra luego de que el juez del caso Goleada, Jairo García, modificara sus medidas cautelares en una reciente audiencia de revisión. Con esta resolución judicial, adoptada a pedido de la Fiscalía General del Estado, Alvarez continuará recluido en la Cárcel del Encuentro, ubicada en la provincia de Santa Elena, centro penitenciario al que fue transferido el pasado 9 de marzo desde el penal de Cotopaxi por motivos estrictamente de seguridad.
La situación legal del burgomaestre coincide con novedades sobre su estado de salud, pues el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI) confirmó que la mañana del miércoles fue trasladado de urgencia hacia una clínica privada en el sur de Guayaquil para someterse a exámenes médicos por problemas en su vesícula. No obstante, en horas de la tarde fue reingresado al centro carcelario. Según declaraciones del ministro del Interior, John Reimberg, el funcionario procesado optó por no someterse a la intervención quirúrgica recomendada por los especialistas.
El complejo panorama judicial del primer personero municipal
El edil guayaquileño enfrenta actualmente tres frentes penales económicos y de gestión que restringen su libertad:
- Caso Goleada (Lavado de activos): Es el proceso donde se reactivó su prisión preventiva el pasado lunes. Aunque un tribunal provincial había revocado una orden inicial dictada en febrero —lo que permitió la libertad de sus hermanos Antonio y Xavier—, la Fiscalía logró que el juez García dictara nuevamente la medida para los hermanos Alvarez, Fernando Peñaherrera y César Bravo. Por la naturaleza del delito, esta orden puede extenderse hasta por un año.
- Caso Triple A (Comercialización ilegal de combustibles): En esta causa, donde se investiga el presunto desvío de derivados de petróleo junto a otras 22 personas, un Tribunal de Garantías Penales le dictó prisión preventiva por seis meses el pasado 8 de marzo. La medida se tomó a petición de la fiscal Ruth Amoroso, tras comprobarse irregularidades en el uso del grillete electrónico que portaba desde julio de 2025.
- Caso Retiro del Grillete (Incumplimiento de decisiones de autoridad): Esta tercera orden de prisión fue emitida el 16 de marzo por el juez Ítalo Zambrano en Samborondón. El proceso penal se originó el 10 de febrero, cuando agentes policiales descubrieron durante un allanamiento doméstico por el caso Goleada que el alcalde se había retirado de forma injustificada el dispositivo de geolocalización.
