La Asamblea Nacional aprobó este 15 de septiembre de 2026, con 85 votos a favor, el informe de fiscalización sobre presuntas vulneraciones a los protocolos de seguridad y control de acceso en las plataformas de videovigilancia administradas por Segura EP en Guayaquil. El documento alerta sobre eventuales implicaciones para la seguridad ciudadana y el resguardo de información estratégica. La resolución dispone el envío inmediato del expediente y sus anexos a la Fiscalía General del Estado para que determine la posible existencia de infracciones penales y señale responsabilidades.
El Pleno solicitó a la Contraloría General del Estado iniciar un examen especial sobre la creación, autorización y uso de recursos públicos del punto de monitoreo investigado, mientras que la Superintendencia de Protección de Datos Personales deberá auditar el manejo, conservación y posibles transferencias de imágenes de la ciudadanía. Asimismo, el Legislativo exhortó al ECU911 y a Segura EP a fortalecer la identificación de usuarios, restringir niveles de acceso y garantizar la trazabilidad de sus registros, fijando un plazo de 30 días para que las entidades notificadas informen sobre los avances adoptados.
La moción fue impulsada por la asambleísta Inés Alarcón, presidenta de la Comisión de Seguridad Integral, y contó con el respaldo de la bancada Acción Democrática Nacional, independientes, un sector de Pachakutik y dos legisladores del Partido Social Cristiano. La votación registró 62 votos en contra, provenientes mayoritariamente de Revolución Ciudadana y tres miembros de Pachakutik, además de una abstención del PSC.
