Las empresas del segmento de consumo de alto voltaje enfrentan dificultades operativas y financieras para cumplir con la obligación de implementar sistemas propios de generación eléctrica, cuyo plazo vence en diciembre. De acuerdo con Juan Carlos Navarro, presidente de la Cámara de Industrias de Guayaquil, los sondeos internos muestran que las industrias cubren en promedio el 60 % de su demanda mediante alternativas heterogéneas, que van desde generadores a diésel con uso limitado de 8 a 12 horas hasta paneles solares sin suministro continuo las 24 horas. Aunque existen proyectos para alcanzar la cobertura total, los tiempos de ejecución requieren entre seis y 24 meses debido a limitaciones del mercado, como la baja disponibilidad de generadores a gas natural o restricciones de espacio físico que impiden instalaciones fotovoltaicas en planta.
Ante este panorama, la representación gremial enfatiza la urgencia de emitir regulaciones secundarias o reformas al texto normativo actual de la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica para esclarecer los parámetros de cumplimiento. Entre las principales inquietudes destacan la falta de certeza sobre si los contratos con generadores privados aplican para la norma, el alto costo y desabastecimiento de combustibles, y los riesgos que corren los sistemas remotos conectados a la red pública durante las crisis energéticas. Por ello, el sector industrial solicita a las autoridades una revisión caso por caso para adaptar las exigencias a la realidad técnica de los consumidores de las categorías AV1 y AV2, entre los que figuran empresas siderúrgicas, mineras y petroleras.
