Ecuador se encamina hacia una reforma estructural de su política criminal con la elaboración de una Ley Antimafia, diseñada para desarticular las finanzas de las estructuras delictivas que operan bajo lógicas empresariales. El proyecto toma como pilar fundamental la experiencia de Italia, integrando principios de su Código Antimafia para atacar la base económica del crimen organizado. La normativa no solo busca la incautación de activos, sino una reestructuración integral donde la inteligencia, la justicia y la gestión de bienes funcionen como un sistema articulado para debilitar el poder territorial de las mafias.
Uno de los ejes más innovadores de la propuesta es la reutilización social de los bienes confiscados. Basándose en el modelo de la agencia italiana ANBSC, la ley local pretende que los inmuebles y empresas decomisados no queden inactivos, sino que se entreguen a municipios o asociaciones civiles para fines públicos. En este esquema, la venta de activos se considera una opción residual, priorizando la devolución del patrimonio a las comunidades afectadas. Además, la legislación incluiría incentivos para la cooperación judicial, como la reducción de penas para colaboradores, y mecanismos para salvaguardar el empleo en empresas intervenidas, garantizando que el combate al crimen no destruya unidades productivas legítimas.
