El Comité de Ética de la Función Judicial de Ecuador, integrado por el Consejo de la Judicatura, la Corte Nacional de Justicia, la Fiscalía General y la Defensoría Pública, aprobó un documento que establece los principios y directrices básicas para el uso responsable de la inteligencia artificial dentro del sistema de justicia del país. Esta iniciativa, desarrollada en colaboración con la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona y respaldada por organismos como la Unesco, busca ordenar una práctica que ya se venía dando de forma empírica y sin regulación. Según datos globales, el 44 % de los tribunales del mundo utiliza esta tecnología, pero apenas el 9 % dispone de manuales oficiales para su correcta aplicación.
El texto contempla veintitrés principios rectores orientados a evitar la filtración de información reservada y mitigar el riesgo de las llamadas alucinaciones algorítmicas, que introducen jurisprudencia falsa en los procesos. Entre las directrices comunes más destacadas consta la obligatoriedad de declarar cuándo y cómo se empleó la IA en cualquier documento procesal, la prohibición de ingresar datos reales de litigios en plataformas públicas y una restricción, única en el mundo, que prohíbe taxativamente el uso de estos sistemas para traducir o analizar testimonios en lenguas indígenas como el kichwa o el shuar, exigiendo en su lugar la presencia de peritos culturales certificados. El protocolo detalla, además, competencias específicas permitiendo a fiscales la transcripción y análisis de macrodatos, mientras prohíbe a los jueces calificar la credibilidad de personas mediante algoritmos.
Pese a ser calificado como un esfuerzo valioso, el documento ha despertado debate entre juristas locales. Expertos en derecho señalan que, al emanar de un comité de ética, las directrices carecen de fuerza normativa y sancionatoria real hasta que no sean compiladas en un reglamento oficial o en una ley aprobada por la Asamblea Nacional, lo cual consideran urgente debido a que ya se han detectado fallos redactados en su totalidad por software. Asimismo, genera controversia el principio de igualdad tecnológica, pues algunos especialistas argumentan que limitar la capacidad analítica y de investigación de la Fiscalía en favor de un equilibrio de condiciones frente a la defensa podría restar eficacia al combate contra redes delictivas complejas.
