Los procesos de extradición activa y pasiva en Ecuador registraron un repunte significativo en los últimos dos años, acumulando 59 casos ejecutados entre abril de 2024 y febrero de 2026. Este incremento responde en gran medida a la reforma constitucional aprobada por la ciudadanía en el referéndum de 2024, la cual permitió la entrega de nacionales procesados o sentenciados por la justicia. Entre los casos de mayor connotación consta el de Adolfo Macías Villamar, alias Fito, trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos por narcotráfico y armas, sumado a recientes trámites que involucran a exfuncionarios públicos y presuntos cabecillas de bandas delictivas en el exterior.
Para dinamizar la atención de más de 160 expedientes que aún se encuentran en trámite, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó una nueva Ley de Extradición que reemplazará al marco legal vigente desde el año 2000. La normativa, que aguarda el pronunciamiento del Ejecutivo antes de su publicación en el Registro Oficial, fija plazos de hasta 45 días para la resolución de las solicitudes, establece al presidente de la Corte Nacional de Justicia como autoridad central del proceso y exige un informe motivado y técnico al Gobierno en caso de decidir sobre la entrega de una persona requerida.
Colombia se mantiene como el principal destino y origen de estos requerimientos, con delitos como violación, asesinato y delincuencia organizada encabezando las causas más frecuentes. La legisladora impulsora de la norma, Rosa Torres, destacó que el nuevo texto delimita con precisión el rol de instituciones como Cancillería, Fiscalía e Interpol, garantizando que el tiempo que un procesado permanezca detenido fuera del país no compute dentro de los límites de la prisión preventiva local. Mientras la nueva ley entra en vigor, las solicitudes actuales continuarán su curso bajo la reglamentación previa.
