El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) concluirá su actual periodo de funciones dejando pendientes al menos seis concursos públicos para la designación de autoridades del Estado. Estos procesos deberán ser retomados por el nuevo pleno de consejeros que resulte electo en los comicios seccionales del 29 de noviembre de 2026 y que asumirá funciones en mayo de 2027.
El proceso electoral para renovar las siete vocalías principales y suplentes del organismo comenzará oficialmente con la etapa de inscripciones, que se desarrollará entre el 12 y el 25 de junio. En este contexto, varios consejeros en funciones analizan postularse para la reelección. Entre ellos figuran el actual presidente del CPCCS, Andrés Fantoni; la vicepresidenta Jazmín Enríquez; y las consejeras Johanna Verdezoto y Piedad Cuarán. Mientras tanto, el Consejo Nacional Electoral ya calificó 19 veedurías ciudadanas que supervisarán la transparencia del proceso de selección de candidatos.
Pese a que una de las principales atribuciones del CPCCS es la designación de autoridades mediante concursos públicos o ternas, varios procesos permanecen paralizados desde hace años. Entre ellos constan la renovación parcial del Consejo Nacional Electoral, la designación de jueces del Tribunal Contencioso Electoral, la elección del titular de la Defensoría del Pueblo, los representantes de la Conferencia Plurinacional e Intercultural de Soberanía Alimentaria (Copisa), los integrantes de los Consejos Nacionales para la Igualdad y los comisionados del Comité Intersectorial Nacional de Desarrollo de Fronteras.
La falta de avances ha provocado que varias autoridades permanezcan prorrogadas en sus funciones. Es el caso de los vocales del CNE, quienes continúan en sus cargos pese a que los procesos de renovación parcial debían haberse ejecutado años atrás. Situación similar ocurre con los jueces del Tribunal Contencioso Electoral y con el defensor del Pueblo encargado, César Córdova, quien permanece en funciones desde 2021 sin que se haya convocado al concurso para elegir a un titular definitivo.
En contraste, el concurso para la designación de la nueva autoridad de la Fiscalía General del Estado es el único que muestra avances. Tras la salida de la exfiscal general Diana Salazar, una comisión ciudadana desarrolla el proceso de selección, aunque todavía debe completar etapas como la impugnación ciudadana y las evaluaciones de conocimientos. Sin embargo, el plazo inicial previsto para concluir el concurso ya expiró y aún no se ha definido formalmente una prórroga.
La acumulación de concursos inconclusos y autoridades prorrogadas representa uno de los principales desafíos institucionales que enfrentará el próximo CPCCS, en medio de cuestionamientos sobre la capacidad del organismo para cumplir oportunamente con una de sus funciones más relevantes dentro de la estructura del Estado ecuatoriano.
