Este miércoles 1 de julio de 2026 entró en vigor en el estado de Florida la Ley de Restricción y Cumplimiento de la Interferencia Extranjera (Foreign Interference Restriction and Enforcement Act o ley FIRE, por sus siglas en inglés). La legislación busca frenar de forma drástica la influencia de administraciones que el gobierno estatal considera hostiles y establece rigurosas sanciones penales y administrativas contra empresas y funcionarios públicos con vínculos comerciales o institucionales en Cuba, Venezuela y otros cinco países calificados de “preocupación”.
El gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, quien firmó la ley en mayo pasado, defendió la medida argumentando que fortalece las defensas del estado frente a adversarios extranjeros que buscan infiltrarse en la economía, la infraestructura crítica y las instituciones públicas. Entre sus principales mecanismos, la ley faculta a los gobiernos locales para revocar de forma inmediata las licencias y recibos de impuestos comerciales a cualquier entidad o individuo que realice negocios con Cuba violando el marco legal federal, además de tipificar como delito penal la presentación de declaraciones falsas sobre dichas actividades.
Restricciones para funcionarios y contratos internacionales
El alcance de la ley FIRE no se limita al sector corporativo, sino que abarca restricciones civiles, penales y de contratación que involucran directamente a una lista negra compuesta por Cuba, Venezuela, Irán, Corea del Norte, China, Rusia y Siria:
- Prohibición de obsequios: Se prohíbe estrictamente a funcionarios, empleados públicos, candidatos y abogados de gobiernos locales aceptar cualquier tipo de beneficio, donación u obsequio proveniente de los países de preocupación o de organizaciones catalogadas como terroristas extranjeros.
- Sanciones agravadas: Establece castigos penales específicos para delitos comunes si se demuestra que fueron cometidos con el fin de beneficiar de alguna manera a regímenes extranjeros hostiles.
- Adopciones y maternidad subrogada: La ley prohíbe de manera explícita la celebración de acuerdos de adopción y contratos de maternidad subrogada en los que participen ciudadanos o residentes de las naciones incluidas en la referida lista de preocupación.
Impacto inmediato y tensiones políticas
La entrada en vigor de la ley FIRE profundiza la ya compleja situación geopolítica y comercial en el sur de Florida, donde las inspecciones e investigaciones a nivel local se han multiplicado en las últimas semanas:
Bloqueos y cierres comerciales: En el condado de Miami-Dade se revocó la licencia fiscal de la firma Vanguard Energy tras descubrirse sus planes para exportar 250.000 barriles de combustible a Cuba. Paralelamente, urbes como Miami e Hialeah mantienen activas investigaciones sobre cientos de establecimientos sospechosos de poseer nexos con la administración de Miguel Díaz-Canel, provocando que plataformas clave de asistencia como EnviosCuba.com suspendieran por completo sus operaciones de envío de víveres hacia la isla hace dos semanas.
Este endurecimiento estatal se alinea con la coyuntura federal, donde Cuba afronta un severo bloqueo petrolero estadounidense desde enero y sanciones generales aplicadas en mayo contra sectores estratégicos como energía, finanzas y minería. La presión interna en EE. UU. continúa polarizada, evidenciada por las declaraciones de la congresista demócrata Pramila Jayapal, quien desde el Capitolio en Washington exigió el cese inmediato de las sanciones económicas contra el pueblo cubano.
