Ecuador registra avances significativos en el reconocimiento jurídico de los derechos de niños y adolescentes, un proceso consolidado a partir de la Constitución de 2008 que los definió como sujetos de derechos y reforzado por fallos de la Corte Constitucional en materia de salud, educación y movilidad humana. El constitucionalista y docente de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, Cristhian Castro Velastegui, destacó sentencias clave como la No. 615-14-JP/23, que priorizó el interés superior del menor sobre trabas administrativas en temas de seguridad social. Sin embargo, el experto advirtió que estos estándares jurídicos no se trasladan plenamente a las políticas públicas, puesto que barreras institucionales, la pobreza, la desnutrición y la violencia escolar continúan limitando el acceso real a estas garantías.
Una de las problemáticas más alarmantes expuestas por los juristas es el progresivo reclutamiento de menores por parte de grupos de delincuencia organizada en diversos puntos del país. Castro señaló que factores como la deserción escolar, la falta de oportunidades y la normalización de la violencia vuelven a los adolescentes objetivos vulnerables para estas estructuras, las cuales ofrecen dinero y sentido de pertenencia. Ante esto, cuestionó que el Estado ecuatoriano priorice las respuestas punitivas y penales por encima de las estrategias de prevención, afirmando que la criminalidad no se resolverá sin un fortalecimiento profundo del tejido social y el sistema educativo.
Por su parte, Ángel Peñafiel, director de la Maestría en Derecho Constitucional de la Universidad de Guayaquil, ratificó la existencia de severas brechas entre la normativa legal y la realidad social, especialmente en zonas rurales y urbano-marginales. El académico alertó sobre las deficiencias en salud, el abandono escolar motivado por la pobreza o el embarazo adolescente, y la existencia de un subregistro de agresiones debido al miedo a denunciar. Para revertir esta situación, ambos especialistas coincidieron en la urgencia de articular el trabajo entre el Gobierno Central y los municipios, recuperar los entornos escolares captados por las bandas criminales, e implementar programas sostenidos de salud mental, cultura y deporte.
