La filtración de conversaciones de un grupo de mensajería digital denominado “Municipio de Guayaquil” derivó en la reciente desvinculación de dos funcionarios del cabildo porteño, exponiendo un presunto resquebrajamiento en el manejo de la administración local. La alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel —quien asumió el cargo en reemplazo del concejal Raúl Chávez tras la detención judicial del alcalde titular, Aquiles Alvarez, en febrero pasado—, denunció públicamente que en dicho chat se motivaban y coordinaban publicaciones orientadas a minar y atacar su gestión. Ante este escenario, la primera autoridad municipal adelantó que encaminará acciones legales formales por el delito de difamación contra los involucrados.
La polémica provocó posturas divididas dentro del Concejo Cantonal. Los ediles Shirley Aldás y Arturo Escala, de la Revolución Ciudadana (RC), junto a Alfredo Bautista, del Partido Social Cristiano (PSC), manifestaron su respaldo hacia Coronel. Escala defendió la transparencia de la alcaldesa encargada, rechazó lo que calificó como campañas de linchamiento mediático y desinformación, y aseguró que las bases de su movimiento respaldan la línea administrativa de la subrogante, sin que esto signifique retirar el apoyo al proyecto original de Aquiles Alvarez. Por su parte, Bautista justificó las desvinculaciones señalando que no se puede tolerar a funcionarios que perciben un salario municipal y que, en paralelo, actúan para boicotear la gestión del cabildo.
En contraste, la concejala Ana Chóez (PSC) cuestionó la capacidad de liderazgo de Tatiana Coronel, afirmando que se encuentra ofuscada y que la ciudad adolece de una falta de gestión real. Chóez anunció que presentará un oficio formal para fiscalizar la situación laboral y las dependencias de los servidores removidos, advirtiendo además sobre la posible existencia de un departamento de comunicación paralelo integrado por personas vinculadas a una agencia publicitaria externa no enrolada. A criterio de la edil, el Municipio atraviesa una evidente ruptura interna y un juego partidista entre las fuerzas políticas de la alianza original (RETO-RC) para medir influencias de cara a las próximas elecciones seccionales, en momentos en que el trámite de remoción definitiva contra el detenido Aquiles Alvarez sigue su curso legislativo.
