La Fiscalía General de Brasil solicitó este lunes la condena del exdiputado Eduardo Bolsonaro, hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, por el delito de coacción en el marco del proceso judicial por el intento de golpe de Estado de 2022. Según el alegato final presentado por el fiscal Paulo Gonet ante el magistrado Alexandre de Moraes, el acusado traspasó los límites de la crítica política al instrumentalizar sus conexiones en el extranjero para intimidar a los jueces que sentenciaron a su padre. Eduardo Bolsonaro, quien reside en Estados Unidos desde hace más de un año, es señalado como el principal gestor de las sanciones que el gobierno de Donald Trump impuso temporalmente contra autoridades judiciales brasileñas.
El informe fiscal destaca que la campaña de presión liderada por el exdiputado resultó en el bloqueo de bienes del juez De Moraes en territorio estadounidense y en la imposición de aranceles del 50 % a importaciones brasileñas, medidas que la Casa Blanca justificó como respuesta a una supuesta “caza de brujas” contra el aliado republicano. Aunque Jair Bolsonaro finalmente fue condenado a 27 años de prisión y las sanciones comerciales fueron retiradas a finales del año pasado tras negociaciones entre las administraciones de Trump y Lula da Silva, el Ministerio Público insiste en que las acciones de Eduardo Bolsonaro constituyeron una interferencia grave y un instrumento de presión institucional que debe ser sancionado penalmente.
