El Ejecutivo presentará en las próximas semanas un proyecto de ley antimafia diseñado para desarticular las finanzas de las organizaciones criminales en Ecuador. La propuesta, que cuenta con el respaldo técnico de la Fiscalía y los ministerios de Defensa y Economía, busca transitar de la persecución penal individual a un ataque sistémico contra las economías ilícitas. La asambleísta Mishel Mancheno (ADN), encargada de introducir el documento en la legislatura, destacó que el objetivo central es debilitar la capacidad logística y territorial de las mafias mediante herramientas permanentes de investigación patrimonial y decomiso ampliado.
El proyecto toma como referencia el artículo 416 del Código Penal italiano, que tipifica la asociación de tipo mafioso bajo criterios de intimidación y control económico. Entre los ejes fundamentales de la ley se encuentra la creación de un sistema integrado que elimine los vacíos legales entre la incautación realizada por militares o policías y la gestión administrativa de dichos bienes. Actualmente, estas acciones operan bajo medidas cautelares fragmentadas, lo que dificulta que el Estado administre con rapidez los activos vinculados al narcoterrorismo y la minería ilegal.
Uno de los puntos más innovadores de la propuesta es la definición de una lista de bienes y lugares —como centros de acopio, rutas y maquinaria— que podrán ser considerados “objetivos legítimos de intervención” tras informes de inteligencia. Esto permitirá que el Bloque de Seguridad actúe con mayor contundencia sobre la infraestructura de las bandas. Según el ministro de Defensa, Gian Carlo Loffredo, esta normativa es la herramienta necesaria para garantizar que los criminales y sus recursos queden bajo control estatal, superando las limitaciones normativas que hoy frenan la eficacia operativa en contextos de alta urgencia.
