Un modelo fiscal enfocado en el crecimiento de los negocios y no únicamente en la recaudación es la premisa central de la Agenda de Crecimiento Ecuador (ACE) 2040, una propuesta desarrollada por el Gobierno nacional con el acompañamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la participación de diversos sectores. El documento busca resolver problemas estructurales del régimen impositivo actual, como la denominada “trampa de tamaño”, un fenómeno donde los emprendimientos prefieren no expandirse, subdeclarar ingresos o fragmentar sus operaciones para evitar el salto abrupto de tarifas y el incremento en los costos de cumplimiento administrativo que implica pasar a una categoría superior.
El planteamiento busca redefinir la progresividad tributaria para que represente una transición proporcional y predecible entre niveles de capacidad contributiva, evitando penalizar el desarrollo empresarial en los siete sectores productivos priorizados. Según expertos tributarios como John Arias Izquierdo, la estructura vigente castiga a los negocios medianos que al salir de esquemas preferenciales como el Rimpe deben asumir saltos tarifarios drásticos de hasta el 25 %, lo que desincentiva la contratación formal y la inversión privada en un contexto donde la presión tributaria del país se ubicó en 21,7 % del PIB en 2024, igualando el promedio de América Latina y el Caribe.
Asimismo, la agenda plantea una reestructuración profunda del gasto tributario —el cual ascendió a 6.607,35 millones de dólares en 2024 (5,3 % del PIB)— mediante la implementación de beneficios temporales, simplificados y condicionados al cumplimiento estricto de metas verificables de empleo y producción. Como detalló la ministra de Desarrollo Económico y Productivo, Sariha Moya, y coincidieron analistas del sector, la meta es evitar exoneraciones permanentes sin retorno social y avanzar hacia reformas normativas integrales que conviertan a los incentivos en herramientas de política pública con rendición de cuentas.
