Los principales líderes de las instituciones de la Unión Europea manifestaron su firme apoyo a la Corte Penal Internacional tras las recientes sanciones financieras dictadas por el Gobierno de Estados Unidos contra la magistrada japonesa Tomoko Akane, presidenta del organismo, y el fiscal senegalés Abdoulaye Seye. En un mensaje conjunto publicado en redes sociales, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el presidente del Consejo Europeo, António Costa, ratificaron el compromiso del bloque comunitario con la labor del tribunal y enfatizaron la necesidad indispensable de que sus magistrados y personal judicial desempeñen sus atribuciones con autonomía, imparcialidad y sin presiones ni interferencias externas.
Desde la sede del organismo judicial en La Haya, la Corte Penal Internacional advirtió que estas acciones coercitivas representan un ataque directo a la independencia institucional y atentan contra el principio del Estado de derecho a escala global. La respuesta institucional se da en un escenario de creciente fricción diplomática originado por el rechazo de Washington a las indagaciones sobre presuntos crímenes de guerra cometidos en territorio afgano y las órdenes de arresto libradas respecto a la situación en Oriente Medio. Pese a las restricciones económicas y patrimoniales impuestas, el tribunal internacional ratificó que continuará ejerciendo sus funciones en apego a los estatutos fundacionales y en defensa de las víctimas de crímenes de gravedad internacional.
