Una multitudinaria marcha que descendió desde la ciudad de El Alto hacia La Paz derivó en violentos enfrentamientos con la policía antimotines, en el marco de la cuarta semana de protestas contra el gobierno boliviano. Los manifestantes, integrados por mineros, campesinos y sectores obreros, intentaron ingresar a la plaza de armas, donde se ubican las oficinas presidenciales, siendo repelidos con gases lacrimógenos. El descontento social responde a la severa crisis económica que atraviesa el país, la mayor en las últimas cuatro décadas, provocada por el rechazo a las políticas liberales del mandatario, la escasez de combustibles de mala calidad y la exigencia de incrementos salariales. Durante la jornada, los huelguistas respondieron con piedras y dinamita, lo que resultó en una decena de detenidos y acusaciones de represión hacia las fuerzas del orden.
En un intento por mitigar la tensión, el presidente Rodrigo Paz anunció desde Sucre una reducción del 50% de su salario y el de sus ministros, una medida calificada como simbólica por los sectores movilizados debido a que no forma parte de su pliego de peticiones. Paralelamente, el ejecutivo confirmó el fallecimiento de una persona durante los disturbios del fin de semana, tras haberlo negado inicialmente, y prometió una investigación detallada mientras instaba a un diálogo condicionado a la pacificación. El gobierno central asegura que las protestas, lideradas inicialmente por la Central Obrera Boliviana mediante bloqueos de carreteras, buscan desestabilizar el orden democrático y acusa al exmandatario Evo Morales de estar detrás de las movilizaciones. Mientras la escasez de alimentos y combustibles se agudiza en la sede de gobierno, la administración de Paz ha recibido el respaldo de la comunidad internacional, incluyendo llamadas de apoyo y ofertas de ayuda humanitaria por parte de países de la región.
