La estrategia gubernamental para combatir a los grupos de delincuencia organizada en Ecuador se respalda en una serie de normativas aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional. Entre los marcos regulatorios vigentes destaca la Ley de Fortalecimiento de las Fuerzas Armadas y Policía Nacional, publicada en octubre de 2025 tras la reelección de Daniel Noboa, la cual canaliza incentivos tributarios y donaciones privadas para optimizar las capacidades operativas de la fuerza pública. A esta se suman la Ley de Ciberseguridad, dictada en febrero de 2026 para blindar las infraestructuras digitales críticas del Estado, y la Ley para el Fortalecimiento del Sistema Penitenciario, que clasifica las prisiones y a los internos según sus niveles de riesgo, permitiendo además la reincorporación temporal de policías y militares en servicio pasivo para custodiar las cárceles.
El Legislativo también dotó al Ejecutivo de herramientas penales rigurosas a través de reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP). En junio de 2026 se aprobó la ley que sanciona con penas de uno a tres años de prisión el uso delictivo o no autorizado de uniformes e insignias oficiales, una modalidad frecuente en actividades delictivas; mientras que el pasado 7 de julio se dio paso a la nueva Ley de Extradición, orientada a agilizar la comparecencia internacional de personas procesadas por la justicia ecuatoriana. En paralelo, el Parlamento avanza en el trámite de nuevas propuestas clave como la ley antimafias y el proyecto unificado para prevenir el reclutamiento delictivo y el consumo de drogas en niños y adolescentes, el cual plantea severas penas de hasta 26 años de cárcel para quienes involucren a menores en estructuras criminales.
