Vecinos de diversos sectores de Guayaquil han denunciado el uso recurrente de calles y veredas como urinarios, exigiendo al Municipio controles más estrictos y el uso de cámaras de videovigilancia para sancionar a los infractores. Al respecto, la activista política Lourdes Garay explicó que no es necesario crear nuevas leyes, ya que desde 1992 existe una ordenanza de vía pública que prohíbe realizar necesidades biológicas en el espacio urbano. Según Garay, el problema radica en la falta de aplicación de los correctivos y en la reducción de operativos de control que se ha acentuado desde la pandemia.
La activista enfatizó que la solución no depende únicamente de construir más infraestructura, sino de hacer cumplir las normativas que ya obligan a locales comerciales y estaciones de servicio a mantener sus baterías sanitarias habilitadas. Asimismo, instó a las autoridades a utilizar las herramientas tecnológicas disponibles para identificar placas y rostros de quienes degradan el ornato. Bajo la campaña “¿Hay alguien en casa?”, Garay apeló a la corresponsabilidad ciudadana, subrayando que el rescate del orden en Guayaquil requiere tanto de la firmeza institucional en la fiscalización como de un compromiso cívico para respetar las normas básicas de convivencia.
