El proceso penal del caso Triple A, que investiga un presunto perjuicio al Estado por 61,5 millones de dólares en la comercialización ilegal de combustibles, ha estado marcado por una constante cadena de incidentes procesales desde la fase de vinculación hasta su actual etapa de juicio. Renuncias de abogados, recusaciones, cambios en la conformación del Tribunal y certificados médicos dudosos por dolencias como trombectomías y neumonía bacteriana han diferido repetidamente las diligencias. Pese a estos imprevistos, la causa ha logrado avanzar a su fase decisiva, en la que las defensas de los 22 procesados comienzan a presentar sus pruebas de descargo.
El episodio más reciente se registró el pasado sábado 18 de julio debido a la inasistencia del representante legal de la empresa Fuelcorp, lo que obligó al Tribunal Anticorrupción a deliberar antes de dar paso a la evacuación probatoria. Paralelamente, la acusación particular a cargo de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero ha advertido que las tácticas dilatorias buscan incidir en los plazos de la prisión preventiva. Con la etapa de prueba de la Fiscalía ya concluida, los jueces Jorge Sánchez, Clara Soria y Víctor Barahona receptarán los testimonios restantes de los acusados, entre ellos el del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien deberá rendir su declaración de manera telemática tras negarse su solicitud de comparecencia presencial.
