El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, anunció este martes el inicio de una ofensiva frontal contra la corrupción, la evasión fiscal y el contrabando, tras proclamar la victoria de su administración en la denominada “guerra” contra las pandillas. Durante la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía General de la República en Antiguo Cuscatlán, el gobernante aseguró que la articulación y el trabajo en equipo entre las distintas funciones del Estado permitieron desarticular a los grupos criminales que anteriormente controlaban cerca del 80% del territorio nacional. De acuerdo con el Ejecutivo, el debilitamiento de estas estructuras abre paso a una nueva fase enfocada en la consolidación de la ley, el orden y la erradicación de malas prácticas corporativas y ciudadanas.
La política de seguridad implementada por Bukele mantiene vigentes las medidas excepcionales que han facilitado la captura de unos 91.000 presuntos integrantes de pandillas. Pese a que este modelo despierta el interés de varios gobiernos de América Latina que evalúan replicar sus estrategias de control delictivo, la gestión presidencial continúa bajo el escrutinio de organismos internacionales y defensores de los derechos humanos. Organizaciones de oposición y agrupaciones humanitarias cuestionan la facultad de realizar detenciones sin orden judicial, al tiempo que critican la opacidad institucional, el régimen de reserva que restringe la información sobre la población penitenciaria y la marcada concentración de poder en el país centroamericano.
