La empresaria esmeraldeña Karla Saud Calero enfrenta investigaciones simultáneas en Ecuador y Estados Unidos por su presunta participación en un esquema fraudulento que malversó casi $ 110 millones. Estos recursos públicos habían sido asignados por la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec EP) a la firma estadounidense Progen Industries para la adquisición de 49 plantas de generación térmica destinadas a Quevedo y Salitral, en el marco de la crisis energética que afectaba al país. Mientras en la justicia norteamericana el Estado ecuatoriano solicita ampliar la demanda bajo la Ley RICO contra varias firmas intermediarias, la Fiscalía General en Ecuador mantiene una instrucción fiscal en el denominado caso Apagón por el delito de peculado.
De acuerdo con las indagaciones y las declaraciones del secretario general de la Administración Pública, José Julio Neira, Progen habría utilizado a las empresas subcontratistas Astrobryxa S. A. y Astrobryxa LLC —vinculadas a Saud Calero y a su pareja José Manrique— como fachadas para desviar más de $ 15 millones. El rastreo financiero determinó que estos fondos se distribuyeron en una red que incluye a exfuncionarios públicos como Álex Dueñas Calero, medio hermano de la empresaria, quien habría facilitado la adjudicación de los contratos mediante sus nexos en el sector eléctrico. Pese a que Saud Calero declaró desde el exterior que solo actuó como traductora y facilitadora, las autoridades sostienen que el dinero estatal fue utilizado para gastos personales y transferido a un entramado de empresas fantasma para evitar su recuperación.
