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julio 3, 2026 | Actualizado ECT
julio 3, 2026 | Actualizado ECT

Se reinstala la audiencia preparatoria de juicio por el caso Magnicidio FV en Quito

La Fiscalía ha presentado ochenta y cinco elementos de convicción contra los siete procesados por el asesinato del exasambleísta y candidato presidencial Fernando Villavicencio.

Escrito por Abel Cano

julio 3, 2026 | 10:32 ECT

La mañana de este viernes 3 de julio de 2026 se reinstaló la quinta jornada de la audiencia preparatoria de juicio en el denominado caso Magnicidio FV, proceso judicial que investiga el asesinato del político y periodista Fernando Villavicencio, ocurrido el 9 de agosto de 2023. La diligencia se reanudó pasadas las 09:20 en las instalaciones del Complejo Judicial Norte, ubicado en la ciudad de Quito, desarrollándose de forma combinada entre la presencialidad de las partes técnicas y conexiones telemáticas a través de la plataforma Zoom.

Antes de la apertura formal de la sesión por parte del juez penal de Pichincha, Geovanny Freire, la defensa particular de Tamia y Amanda Villavicencio, hijas de la víctima, presentó una queja formal relacionada con la seguridad de sus representadas. El jurista Patricio Rosero denunció públicamente presuntos actos de intimidación y hostigamiento digital en plataformas de redes sociales, señalando que detrás de dichos perfiles estaría una ciudadana vinculada familiarmente a José Serrano, uno de los principales procesados en esta causa penal. Tras registrar formalmente el incidente en el acta de la sesión, la autoridad judicial dio paso a la continuación del trámite.

El desarrollo de la audiencia avanzó con la intervención de la fiscal a cargo del caso, Ana Hidalgo, quien inició la exposición detallada de los informes, peritajes técnicos y testimonios anticipados que forman parte de su dictamen acusatorio. Hasta el momento, el Ministerio Público ha sustentado ochenta y cinco elementos de convicción orientados a determinar el grado de participación y los roles específicos atribuidos a los siete sospechosos, entre los que constan exfuncionarios del sistema político, ciudadanos llamados a juicio en otras tramas de corrupción pública y mandos operativos pertenecientes a agrupaciones de delincuencia organizada.

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