Un conjunto de seis testimonios anticipados constituye la columna vertebral de la teoría fiscal dentro del caso denominado “Magnicidio FV”, el cual investiga a los presuntos autores intelectuales del asesinato del excandidato presidencial Fernando Villavicencio. Los detalles constan en un expediente de 1.126 páginas elaborado por la Unidad Nacional de Investigación de la Policía Nacional con la Fiscalía General (UNIF). Esta recopilación sale a la luz pública a pocas horas de que se instale, este viernes 19 de junio de 2026, la audiencia de evaluación y preparatoria de juicio contra siete procesados por el delito de asesinato, entre quienes constan exfuncionarios del correísmo y cabecillas del grupo de delincuencia organizada (GDO) Los Lobos.
Los testimonios recogidos en el expediente judicial de la Fiscalía pertenecen a:
- José Patricio Aguas Muñoz: Reveló que cuatro días antes del crimen fue invitado a participar en un “trabajo grande” en contra de un político a cambio de un pago de 200.000 dólares. Aseguró que la operación estuvo coordinada por los alias Chino Onda e Invisible (Carlos Angulo), líderes de GDO aliados con una facción denominada Los Colombianos, encargada de ejecutar el atentado.
- Lenín Javier Vimos Vimos: Afirmó que en mayo de 2023 se enteró de un presunto pacto criminal de un millón de dólares para atentar contra Villavicencio y la entonces fiscal general Diana Salazar. Según su declaración, la estructura habría sido mentalizada por el exministro José Serrano en coordinación con Ronny Aleaga como financista, Xavier Jordán y bajo el supuesto conocimiento de Jorge Glas.
- Daniel Salcedo Bonilla: Relató que en 2022 el fallecido narcotraficante Leandro Norero le solicitó realizar seguimientos a Villavicencio como un favor especial para Xavier Jordán. Salcedo aseguró haber participado en una videollamada con Norero y José Serrano, donde este último presuntamente dio instrucciones logísticas sobre el control policial y las rutinas de la víctima, mientras que Jordán proveería el financiamiento y Aleaga el respaldo político.
- Marcelo Lasso Saavedra: Ratificó que el plan criminal se gestó originalmente en 2022 y se retomó en 2023 tras anunciarse la candidatura presidencial de la víctima. Añadió que Salcedo coordinó con los cabecillas alias Pipo y alias Lobo Menor un pago de 100.000 dólares. Asimismo, aseveró que Serrano presuntamente contaba con dos infiltrados en la cápsula de seguridad de Villavicencio (apellidos Delgado y Trujillo) y que coordinó para que el vehículo blindado del candidato no llegara a tiempo, ordenando posteriormente eliminar a los sicarios para no dejar cabos sueltos.
- Ronald Herrera Ramírez (exgendarme): Sostuvo que Salcedo le encomendó en 2022 y julio de 2023 levantar información de inteligencia sobre las rutas, escoltas y vehículos del político. Herrera describió una aparente videollamada de carácter “urgente” con José Serrano para validar estas gestiones y denunció haber sufrido tres atentados en su contra, además de recibir una oferta de 300.000 dólares por parte de Jordán para alterar su versión.
- Rodney Rengel Quinteros (expolicía): El último testimonio integrado al expediente reseña un encuentro en Miami en 2024 con Serrano, donde se analizó información sobre la presunta presencia de agentes policiales de una unidad antinarcóticos (caso Acrópolis) en la escena del crimen el día del magnicidio, vinculando operativamente a Laura Castillo, quien ya fue sentenciada como autora material.
Procesados convocados a la audiencia judicial
La diligencia convocada por la justicia penal evaluará los dictámenes fiscales y determinará el llamamiento a juicio de los siguientes implicados:
| Perfil Político / Civil | Cabecillas de GDO (Los Lobos) |
| José Serrano (Exministro del Interior) | Wilmer Chavarría, alias Pipo |
| Ronny Aleaga (Exasambleísta de la RC) | Esteban Aguilar, alias Lobo Menor |
| Xavier Jordán (Procesado en caso Metástasis) | Luis Arboleda, alias Gordo Luis |
| Daniel Salcedo (Sentenciado por corrupción) |
Las defensas técnicas de los procesados han rechazado de forma sistemática los señalamientos, argumentando la falta de validez procesal de las declaraciones de los coautores y la ausencia de pruebas materiales directas dentro del expediente.
