El Tribunal de Juicio de Pichincha condenó la noche del 9 de septiembre de 2026 al expresidente Abdalá Bucaram Ortiz y a su hijo Jacobo Bucaram Pulley a 9 años y 4 meses de privación de libertad en calidad de colaboradores del delito de delincuencia organizada. La causa penal evidenció la comercialización irregular de unas 21.000 pruebas rápidas y mascarillas durante la emergencia sanitaria de 2020. Los magistrados basaron la responsabilidad del exmandatario en los insumos hallados en su domicilio en Guayaquil —los cuales compartían códigos y rutas de distribución con otros inmuebles allanados en Salinas—, así como en las gestiones que realizó para influir en la versión del ciudadano israelí Shy Dahan antes de su asesinato en la Penitenciaría del Litoral.
El fallo oral se dio a conocer en el séptimo intento de la diligencia, tras seis diferimientos provocados por fallas logísticas, ausencias de partes procesales e internamientos médicos del exjefe de Estado en una clínica de Guayaquil. Bucaram compareció finalmente vía telemática desde la casa de salud bajo custodia policial, luego de que el 7 de septiembre la Corte Provincial del Guayas rechazara un recurso de hábeas corpus presentado por su defensa. El tribunal determinó que, aunque no ejerció el mando inicial de la red, los actos cometidos por el exmandatario favorecieron el funcionamiento operativo del esquema delictivo.
La resolución de la causa judicial fijó también las penas para los demás implicados dentro de la estructura de delincuencia organizada. El exagente de tránsito Leandro Berrones fue sancionado como autor directo con 13 años y 4 meses de prisión más una multa de 40 salarios básicos unificados, mientras que al ciudadano israelí Sheinman Oren se le impuso una condena reducida de dos años y ocho meses gracias a la aplicación de la figura de cooperación eficaz.
