El alivio para deudores de préstamos estudiantiles terminó en mayo de 2025, tras cinco años de gracia. El Departamento de Educación ahora puede embargar salarios, devoluciones de impuestos y beneficios federales, afectando a 5.3 millones de personas con notificaciones del Tesoro. El 20.5% de los prestatarios tiene pagos atrasados por más de 90 días, según TransUnion.
Empresas pueden apoyar a empleados con estrategias como la Ley Secure 2.0, que permite destinar fondos de jubilación a pagar préstamos estudiantiles, o intercambiar días de vacaciones por fondos para deudas, aunque esto genera controversia. Los programas de asistencia educativa ofrecen hasta $5,250 anuales por empleado, pero expiran en 2025.
La asesoría financiera personalizada es clave para manejar múltiples préstamos con diferentes tasas y plazos. Expertos destacan que la educación financiera es tan crucial como el apoyo monetario, ayudando a refinanciar préstamos para mejores condiciones.
Jeremy Yonan de Indeed subraya la urgencia: “Los líderes empresariales no pueden ignorar esta presión financiera”. Las empresas deben actuar para mitigar el impacto de los embargos en sus trabajadores.
