El Concejo Metropolitano de Quito resolvió, en sesión extraordinaria, la creación de una comisión especial encargada de viabilizar un nuevo convenio con la Empresa Eléctrica de la capital. Los concejales Diego Garrido, Fernanda Racines, Wilson Merino y Michael Aulestia liderarán este equipo de trabajo, que surge como respuesta a las demandas interpuestas ante la Corte Constitucional por la negativa de revisar la actual fórmula de cobro. Desde febrero de 2025, el traslado de este rubro a la factura de agua potable provocó quejas en más de 50 barrios de la ciudad, donde los usuarios denunciaron montos excesivos y falta de claridad en los porcentajes aplicados.
El alcalde Pabel Muñoz recordó que, a mediados de 2025, el mecanismo de cobro a través de la planilla de luz fue suspendido por disposición del Gobierno Nacional en varios municipios, lo que obligó a buscar alternativas. Durante los últimos meses del año pasado, la municipalidad tuvo que asumir costos de entre 6 y 8 millones de dólares para mitigar el impacto económico en la población mientras se definía un sistema definitivo. Ante las críticas, el burgomaestre señaló que se están analizando todas las vías legales para que el proceso sea eficiente y no perjudique la economía de los hogares quiteños.
Como medida complementaria, el municipio anunció que trabajará junto a la Empresa de Agua Potable en la instalación de medidores individuales en sectores estratégicos. Esta iniciativa pretende que el cálculo del porcentaje por el servicio de recolección sea más preciso y permita una disminución en los valores que actualmente paga la ciudadanía. La comisión recién conformada deberá presentar los avances del mecanismo de recaudación en las próximas sesiones, priorizando la estabilidad financiera del servicio de aseo y la atención a los reclamos de las comunidades afectadas.
