Tatiana Coronel ejerce como alcaldesa subrogante de Guayaquil desde febrero, tras la detención de Aquiles Alvarez, quien enfrenta tres investigaciones judiciales. Aunque su designación fue ratificada por el Concejo Cantonal el pasado 26 de marzo, la medida ha generado reparos legales por parte de algunos ediles, quienes han solicitado pronunciamientos a la Procuraduría y la Contraloría. Para Manuel Macías, director del Observatorio de Políticas Públicas de Guayaquil, esta coyuntura de inestabilidad se presenta en un momento crítico, pues 2026 es el año clave para definir el presupuesto prorrogado y los proyectos que heredará la autoridad que resulte electa en los próximos comicios.
La preocupación técnica radica en que lo planificado entre abril y septiembre de este año marcará la hoja de ruta no solo para el cierre de la gestión actual, sino para el primer año del nuevo periodo municipal. Macías señala que los constantes cambios de directores y renuncias internas han dificultado la identificación de interlocutores válidos, lo que ha puesto en pausa convenios e iniciativas conjuntas. En este escenario, el margen de acción de la administración de Coronel parece limitarse a garantizar la continuidad de los servicios básicos y dar estabilidad a una corporación municipal afectada por el contexto judicial de su titular principal.
Por su parte, la alcaldesa subrogante ha insistido en su compromiso de mantener la atención ciudadana, la operatividad de los servicios y el mantenimiento de la infraestructura pública, como los parques de la ciudad. No obstante, el Observatorio recalca que el reto inmediato va más allá de la ejecución de obras nuevas; se trata de sostener la gestión institucional en medio de un tinte electoral que ya empieza a influir en las decisiones del cabildo. La planificación presupuestaria de los próximos meses será el verdadero termómetro de la capacidad de esta administración transitoria para dejar una ciudad funcional al siguiente alcalde o alcaldesa.
