El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ordenó el regreso inmediato a Bogotá de la embajadora en Ecuador, María Antonia Velasco, como respuesta directa a la decisión del gobierno de Daniel Noboa de elevar los aranceles a las importaciones colombianas. Esta medida, que incrementa las tasas del 50% al 100% a partir del 1 de mayo, marca un punto crítico en la relación bilateral. Petro anunció además que el próximo consejo de ministros se llevará a cabo en la frontera, subrayando la gravedad de una disputa que comenzó cuando Ecuador impuso inicialmente un gravamen del 30% bajo argumentos de falta de cooperación en seguridad fronteriza.
La tensión ha trascendido lo económico para convertirse en un cruce de acusaciones directas entre los mandatarios. Mientras Daniel Noboa cuestionó el compromiso de Colombia en la lucha contra el narcotráfico y suspendió las mesas técnicas de diálogo, Petro defendió la gestión de su país destacando las cifras históricas de incautación de droga y el costo en vidas humanas que ha enfrentado la nación. El mandatario colombiano exigió respeto por las víctimas del conflicto interno, calificando las declaraciones de su homólogo como un insulto a la institucionalidad de su gobierno.
Este distanciamiento ocurre en un contexto de fricciones previas, exacerbadas por declaraciones sobre la situación jurídica del exvicepresidente Jorge Glas y recientes incidentes fronterizos. A pesar de que ambos países mantienen un intercambio comercial histórico cercano a los 2.800 millones de dólares, la falta de un ambiente de buena voluntad ha paralizado las negociaciones. La Cancillería ecuatoriana ha condicionado el retorno al diálogo a una mejora en el clima diplomático, mientras la frontera de 586 kilómetros permanece como el escenario principal de una crisis que afecta la estabilidad de la región.
