La Agencia de Tránsito y Movilidad (ATM) de Guayaquil anunció una disposición que ha generado opiniones divididas entre la ciudadanía: desde este martes 14 de abril de 2026, los agentes civiles de tránsito que patrullan en moto tienen prohibido emitir sanciones durante sus rondas habituales. Según el comunicado oficial, las infracciones solo podrán ser registradas en dos escenarios específicos: durante operativos previamente coordinados y autorizados, o a través de los sistemas de videovigilancia monitoreados desde el centro de control de la institución. Esta decisión busca erradicar actos de corrupción, tras revelarse que 50 agentes han sido sancionados recientemente por incurrir en malas prácticas.
Conductores locales han reaccionado con una mezcla de alivio y preocupación ante la nueva normativa. Mientras algunos usuarios celebran la medida como un freno necesario a la arbitrariedad y al pedido de “acuerdos” económicos ante infracciones menores o inexistentes, otros temen que la falta de autoridad inmediata en las calles fomente el caos vehicular. Choferes consultados señalan que, si bien la tecnología de cámaras es una herramienta valiosa, la presencia de agentes que sancionen infracciones flagrantes —como ignorar señales de pare o luces rojas— sigue siendo vital para mantener el orden, siempre que se garantice la honestidad y se cuente con pruebas digitales del procedimiento.
Puntos clave de la nueva disposición de la ATM:
- Restricción de multas: Los agentes en moto ya no pueden detener conductores para sancionar durante patrullajes aleatorios.
- Canales autorizados: Las multas solo son válidas si provienen de operativos planificados o de cámaras de seguridad.
- Enfoque en la fluidez: Se espera que el personal motorizado se centre ahora en agilizar el tráfico y atender emergencias viales.
- Depuración institucional: La medida es parte de un plan de transparencia ante las denuncias por procedimientos sin sustento legal.
- Control ciudadano: Se recomienda a los conductores utilizar los canales oficiales para denunciar cualquier intento de cobro irregular o sanción fuera de los operativos autorizados.
