El Ministerio de Relaciones Exteriores de Bolivia emitió un firme comunicado de rechazo ante las declaraciones públicas del presidente de Colombia, Gustavo Petro, quien aseguró a través de sus plataformas digitales que la nación andina atraviesa por una “insurrección popular”. El mandatario colombiano hizo alusión a la ola de movilizaciones y bloqueos viales que exigen la dimisión del jefe de Estado boliviano, Rodrigo Paz, y ofreció la mediación de su administración para buscar salidas concertadas a la tensión interna. La diplomacia boliviana consideró que este tipo de pronunciamientos externos distorsionan la realidad de los acontecimientos locales y exhortó formalmente a respetar el principio internacional de no intervención en la soberanía de otros Estados.
La polémica diplomática se desató luego de que Petro afirmara en la red social X que el escenario de protestas en territorio boliviano respondía a una supuesta “soberbia geopolítica”. En su mensaje, el gobernante colombiano se ofreció a estructurar fórmulas pacíficas de resolución de conflictos en caso de recibir una invitación oficial y abogó por la liberación de presos políticos en el continente. La Cancillería boliviana reviró argumentando que los comentarios del líder del Pacto Histórico no se corresponden con los lazos históricos de amistad, cooperación y respeto mutuo que unen a ambos países, recalcando de forma tajante que la superación de sus desafíos internos es una facultad que compete de manera exclusiva a la ciudadanía civil y a las instituciones democráticas bolivianas.
El trasfondo de la crisis social que gatilló este desencuentro internacional acumula semanas de inestabilidad vial e institucional. Diversas organizaciones sindicales e indígenas, incluyendo a la Central Obrera Boliviana (COB) y a la Federación de Campesinos de La Paz ‘Túpac Katari’, mantienen interrumpidas las carreteras más importantes del altiplano en señal de repudio a un paquete legislativo de diez reformas de carácter económico impulsadas por el Ejecutivo. Las tensiones alcanzaron su punto más álgido cuando contingentes mixtos de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas ejecutaron un operativo de despeje para abrir un corredor humanitario para el abastecimiento de oxígeno y combustibles en los cantones de La Paz y El Alto, aunque posteriormente las autoridades ordenaron el repliegue de los uniformados con el fin de evitar enfrentamientos armados de gravedad.
A pesar de que el gobierno del presidente Rodrigo Paz convocó de urgencia a mesas de diálogo este domingo para consensuar planes de trabajo que alivien la agitación civil, el principal sector campesino movilizado decidió no asistir a la cita parlamentaria y ratificó la continuidad de las medidas de fuerza. Para complejizar el panorama del oficialismo, la facción leal al expresidente Evo Morales completó una caminata de seis días en el altiplano de La Paz, sumándose formalmente a las concentraciones masivas en la ciudad de El Alto y aumentando la presión política sobre la joven administración gubernamental.
