El cantón pesquero de Jaramijó, una localidad de apenas 30.000 habitantes en la costa de la provincia de Manabí, se ha transformado en uno de los puntos estratégicos de reclutamiento para las redes del narcotráfico transnacional. De acuerdo con datos oficiales de la Policía, de los 900 ciudadanos ecuatorianos recluidos en cárceles de Estados Unidos en los últimos cinco años por delitos vinculados al tráfico de drogas en altamar, al menos 500 pertenecen a las provincias de Manabí y Santa Elena. Sin embargo, la estadística de Jaramijó resulta alarmante al concentrar de forma individual a cerca de 300 de estos detenidos, reflejando cómo las organizaciones criminales se aprovechan sistemáticamente de la pericia náutica de los marineros locales.
Las investigaciones policiales revelan un patrón socioeconómico claro, donde el perfil predominante de los capturados corresponde a hombres jóvenes y adultos de entre 19 y 39 años que abandonan la pesca artesanal debido a la precariedad económica. Mientras un pescador de la zona percibe ingresos mensuales estimados en 600 dólares, las mafias ofrecen sumas de hasta 40.000 dólares para los lancheros encargados de pilotar las embarcaciones con alcaloides, 20.000 dólares para los ayudantes y 15.000 dólares para los encargados del reabastecimiento de combustible. Expertos en seguridad señalan que, más allá del enorme atractivo financiero de la ilegalidad, este fenómeno evidencia un debilitamiento en la presencia del Estado y una pérdida de confianza institucional en las comunidades costeras.
La ubicación geográfica de Jaramijó y sus puertos colindantes facilita la conexión con rutas marítimas internacionales que se extienden hacia Galápagos, Colombia, El Salvador y México. El monitoreo de las autoridades ha permitido trazar una serie de golpes contundentes al narcotráfico, registrándose múltiples interceptaciones de lanchas rápidas y narcosumergibles cargados con toneladas de cocaína que zarparon desde perfiles manabitas. Los operativos ejecutados entre 2025 y el primer semestre de 2026 confirman la constante detención de tripulantes originarios de este cantón en aguas internacionales, consolidando una problemática estructural que trasciende las fronteras nacionales.
