Un grupo de cuatro exfuncionarios que abandonaron el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debido a destituciones o renuncias formalizaron sus precandidaturas para regresar al organismo en los comicios del veintinueve de noviembre de dos mil veintiséis. El proceso, que unifica las elecciones seccionales con la renovación del Consejo, registra trescientas nueve postulaciones para las siete vocalías principales. Desde que se instauró el voto popular en dos mil dieciocho, la institución ha estado sumida en constantes disputas internas y presiones de diversos bloques políticos interesados en controlar la designación de las principales autoridades de control del Estado.
Entre los perfiles inscritos destaca Rosa Chalá Alencastro, quien en dos mil diecinueve ejerció funciones durante apenas tres meses antes de ser censurada y destituida por la Asamblea Nacional tras intentar revisar la conformación de la Corte Constitucional. Asimismo, buscan su reelección Sofía Almeida e Ibeth Estupiñán, destituidas por el pleno de la Corte Constitucional en enero de dos mil veintitrés junto a otros cinco consejeros por dilatar sistemáticamente la designación del presidente del Consejo de la Judicatura. En el listado también aparece David Rosero, quien actualmente ejerce como vocal principalizado tras la censura de Gonzalo Molestina en dos mil veinticinco; su nueva postulación genera debate legal debido a la restricción constitucional que limita la reelección de dignatarios por una sola vez de manera consecutiva o no.
El cuarto postulante con antecedentes recientes en la entidad es el médico Roberto Gilbert, quien renunció a su vocalía tras un altercado en una sesión virtual el pasado once de junio, donde increpó a la consejera Nicole Bonifaz en medio de sospechas por la cercanía visual del aspirante a Fiscal General, José de la Gasca. En las cartas de postulación remitidas al Consejo Nacional Electoral (CNE), los aspirantes argumentan buscar el fortalecimiento de la participación ciudadana, la veeduría en la salud pública y la transparencia meritocrática. Tras vencer el plazo para las denuncias ciudadanas el pasado tres de julio, el CNE inició la fase de contradicción para que los implicados ejerzan su defensa antes de que la comisión verificadora defina las candidaturas oficiales que irán a la papeleta.
