El impacto del doble terremoto que sacudió a Venezuela el pasado 24 de junio sigue agravándose tras confirmarse este martes un aumento en la cifra de víctimas mortales, que ya alcanza los 3.685 fallecidos luego de sumarse 150 nuevos decesos en las últimas horas. De acuerdo con el reporte oficial de las autoridades, el número de heridos se mantiene estable en 16.740 personas y las labores de búsqueda han permitido rescatar a 6.462 ciudadanos. No obstante, la crisis habitacional continúa agudizándose con el registro de 17.907 damnificados que perdieron la totalidad de sus viviendas. Ante la magnitud del desastre, un grupo integrado por 113 economistas y académicos envió una petición formal al Gobierno de Estados Unidos y al Fondo Monetario Internacional (FMI) solicitando el levantamiento de las sanciones económicas contra el Banco Central de Venezuela y la estatal PDVSA, argumentando que las restricciones financieras vigentes impiden el flujo eficiente de recursos internacionales destinados a la reconstrucción.
En el plano de la asistencia internacional, el secretario general adjunto de la OCHA, Tom Fletcher, arribó al país para una visita de cuatro días que contempla reuniones con sobrevivientes, equipos de rescate y altas autoridades gubernamentales, incluyendo a la presidenta encargada, Delcy Rodríguez. Fletcher liderará una sesión informativa virtual con ministros de los Estados miembros de la ONU para coordinar las siguientes fases de apoyo humanitario, mientras delegaciones técnicas de diversos países se incorporan a las tareas de mitigación. En este sentido, Rodríguez mantuvo una reunión de trabajo con una delegación del Gobierno de Israel para estructurar un plan integral de remoción de escombros en el estado de La Guaira, donde se estima la existencia de más de un millón de toneladas de desechos estructurales. Asimismo, naciones como Haití anunciaron el envío de misiones médicas, al tiempo que Caracas ha solicitado el apoyo especializado de países con amplia experiencia sísmica como Japón, Perú y Chile.
La emergencia nacional también ha estado marcada por reclamos del entorno civil y por movimientos políticos de alta relevancia dentro de la estructura estatal. Familiares de personas catalogadas como presos políticos realizaron una vigilia frente a la Embajada de Estados Unidos en Caracas para denunciar un presunto abandono institucional en los centros de reclusión del norte del país, manifestando preocupaciones por daños estructurales no atendidos y por el deterioro de los servicios alimentarios tras los sismos. Paralelamente, la presidenta encargada ejecutó modificaciones clave en su gabinete y en las empresas públicas; nombró a José David Cabello como nuevo presidente de la estatal Pequiven, desplazándolo del Seniat tras 18 años de funciones para otorgarle dicha dirección a Román Maniglia, cambios que se suman a la reciente designación de Francisco Garcés en la cartera de Transporte con el fin de agilizar los planes de infraestructura vial y de vivienda.
