El Tribunal de Apelación a cargo del caso Encuentro suspendió la audiencia tras concluir la intervención de todas las partes procesales, anunciando que ingresará a una fase de deliberación antes de dar a conocer su resolución final. La diligencia se había reinstalado con el objetivo de conocer los recursos de apelación interpuestos por Danilo Carrera y Antonio Icaza, quienes fueron declarados culpables en primera instancia por el delito de delincuencia organizada. Durante la sesión, los jueces escucharon los alegatos de la Fiscalía, la Procuraduría y las defensas técnicas, y notificaron que la fecha y hora para la lectura del fallo se comunicarán formalmente en los próximos días.
Por un lado, la Procuraduría General del Estado y la Fiscalía General del Estado solicitaron que se rechacen los recursos y se ratifique la sentencia condenatoria. El abogado del Estado, Jorge de la Cueva, y la fiscal Luzmila Lluglla sostuvieron que el fallo original cuenta con una motivación suficiente que demuestra la existencia de una estructura criminal orientada a direccionar contratos públicos y aprovecharse de las empresas estatales. Los representantes institucionales enfatizaron que la culpabilidad se sustenta en un análisis conjunto de testimonios y elementos probatorios que reconstruyen la red delictiva, rechazando que la defensa lograra identificar errores lógicos o arbitrariedades en la valoración de las pruebas.
Por otro lado, los equipos legales de los sentenciados cuestionaron duramente la consistencia de la acusación. Ernesto Albán Ricaurte, defensor de Danilo Carrera, argumentó que el proceso se basó en llamadas telefónicas de terceros sin pericias de voz clave, y señaló que no existen pruebas de que su cliente impartiera órdenes o recibiera beneficios económicos, solicitando además el levantamiento de las medidas cautelares por motivos de salud tras tres años de prisión domiciliaria. En una línea similar, Juan Manuel Guzmán, abogado del exgerente de CNEL Antonio Icaza, afirmó que la Fiscalía no pudo demostrar un incremento patrimonial injustificado ni vínculos con otros implicados en la presunta red de corrupción.
