El Tribunal de Garantías Penales fijó para los días 29 y 30 de agosto, a las 17:30, la audiencia telemática donde se anunciará la resolución del denominado caso Triple A. En este proceso, la fiscal Ruth Amoroso solicitó la pena máxima de seis años y nueve meses de cárcel para el alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y otros seis señalados como autores directos, acusados de liderar una estructura para desviar diésel y gasolinas subsidiadas —destinadas a sectores automotores y navieros nacionales— hacia segmentos industriales e internacionales sin subsidio mediante el esquema denominado “cambiazo”.
Además de las penas privativas de libertad, la Fiscalía demandó el pago conjunto de 61,5 millones de dólares como reparación al Estado y la clausura definitiva de seis compañías involucradas como personas jurídicas, entre ellas Copedesa. De concretarse un fallo condenatorio, esta representaría la segunda sentencia para Alvarez —quien permanece recluido en el Centro de Privación de Libertad de Santa Elena tras su condena previa en el caso Grillete—, a la espera del avance del caso Goleada por presunto lavado de activos.
