Un juez dictó prisión preventiva contra Roberto Cristóbal A., servidor público del Ministerio de Educación, por su presunta participación en el delito de oferta de realizar tráfico de influencias. El funcionario fue aprehendido junto a otras dos personas durante un operativo desplegado en Quito este martes 13 de octubre. La intervención fue liderada de manera conjunta por el ministro del Interior, John Reimberg, y la ministra de Educación, Gilda Alcívar. En el marco de estas acciones, la Fiscalía General del Estado ejecutó tres allanamientos en la capital: uno en las oficinas del Ministerio de Educación, ubicadas en el sector de Iñaquito, y dos en inmuebles ubicados en los barrios Chillogallo y San Juan.
La investigación, impulsada por la Fiscalía de Administración Pública desde el 11 de mayo de 2026, apunta a la existencia de un esquema en el cual funcionarios públicos ofrecían plazas laborales en instituciones educativas a cambio de sumas económicas que oscilaban entre los 1500 y 5000 dólares por puesto. Las autoridades estiman que este ilícito, indagado bajo la figura de concusión por el presunto cobro para la asignación de cargos, habría generado montos cercanos al millón de dólares. Durante las diligencias se recabaron teléfonos celulares, hojas de vida, roles de pago y documentación clave para el avance de la causa.
En la audiencia de formulación de cargos, la Fiscalía sustentó la solicitud de medida cautelar mediante diversos elementos de convicción, entre los que constan informes de seguimiento y vigilancia, triangulaciones telefónicas, un reporte técnico de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) y las actas de levantamiento de evidencia. Con el inicio de la instrucción fiscal, ordenada bajo procedimiento ordinario por un plazo de noventa días, las autoridades judiciales continuarán con el acopio de pruebas para determinar las responsabilidades penales correspondientes.
