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junio 16, 2026 | Actualizado ECT
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Defensas de procesados en el caso Goleada solicitan comparecencia virtual

Los abogados del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, y sus familiares argumentaron razones de residencia y privación de libertad para no asistir presencialmente a Quito.

Escrito por Abel Cano

junio 16, 2026 | 08:47 ECT

Los abogados de varios procesados en el denominado caso Goleada solicitaron al juez Jairo García, de la Unidad Penal para el Juzgamiento de Delitos Relacionados con Corrupción y Crimen Organizado, la habilitación de un enlace telemático para presenciar la continuación del testimonio anticipado de José C. A., testigo protegido y denunciante de la causa. La diligencia fue convocada de forma presencial para las 09:00 de este martes 16 de junio de 2026 en la cámara de Gesell del Complejo Judicial Norte de Quito, luego de que el magistrado dispusiera la presencialidad tras un incidente de desconexión virtual de un jurista en la sesión previa del 12 de junio.

Entre los peticionarios se encuentra la defensa técnica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, quien justificó el pedido debido a que se encuentra privado de libertad en la Cárcel del Encuentro, en Santa Elena. Asimismo, los abogados de sus hermanos Antonio y Xavier Alvarez, su esposa Fiorella Icaza, su madre Gioconda Henriques y otros investigados como directivos de empresas implicadas detallaron impedimentos relacionados con residencias fuera del país o en Guayaquil, donde además cumplen con medidas cautelares de presentación periódica ante la Fiscalía del Guayas. El testigo clave, quien se desempeñaba como gerente financiero de una de las firmas de Alvarez, comparece a pedido del fiscal Dennis Villavicencio.

El caso Goleada mantiene bajo instrucción fiscal a 28 personas naturales y jurídicas por el presunto delito de lavado de activos. La teoría del Ministerio Público sostiene la existencia de una estructura empresarial y familiar que adquiría grandes volúmenes de diésel subsidiado por el Estado para supuestamente despacharlo a embarcaciones nacionales, pero que era desviado a naves internacionales; los réditos económicos habrían sido canalizados a empresas de papel en Panamá. En este contexto, la directora de la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), Ana Patiño, solicitó ser reconocida como acusadora particular tras emitir un reporte de operaciones inusuales sobre las empresas Ternape Petroleum S. A. y Corpalubri S. A.

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