La reciente fuga de ocho menores de edad de la Casa Hogar María Campi Yoder, situada en el sector de Conocoto, ha levantado las alarmas institucionales y ha abierto un profundo análisis técnico sobre las condiciones de salud mental y adaptabilidad en los centros de acogida. Profesionales en psicoterapia, psicología infantil y trabajo social coinciden en que este suceso no es un hecho aislado ni fortuito, sino el resultado de una compleja amalgama de traumas previos no resueltos, que incluyen negligencia familiar, maltrato físico y psicológico en sus hogares de origen. Para los expertos, el rango de edad de los involucrados —entre 10 y 12 años— determina una etapa en la que los menores poseen la capacidad de analizar su entorno, pero arrastran secuelas emocionales severas que los impulsan a rechazar las normas estrictas de las instituciones y a buscar una falsa sensación de libertad en las calles.
Desde la perspectiva del trabajo social y el cuidado psicológico especializado, se advierte que muchos niños que provienen de entornos vulnerables tienden a normalizar la violencia intrafamiliar y el consumo de sustancias que presenciaron en su primera infancia. Al sufrir la ruptura con sus progenitores, experimentan un choque drástico que les dificulta asimilar las nuevas reglas de convivencia y la contención afectiva que se les intenta brindar en los albergues. Asimismo, las especialistas son críticas frente a la escasez de recursos estatales y administrativos destinados a estas entidades de asistencia, argumentando que las herramientas actuales son insuficientes para garantizar un acompañamiento integral y permanente que evite las crisis de ansiedad y los intentos de evasión motivados por la búsqueda de su identidad y de un lazo familiar perdido.
Mientras el debate sobre los protocolos de seguridad y la efectividad del sistema de acogimiento continúa, las investigaciones de las autoridades competentes avanzan para asegurar el bienestar de los involucrados. Hasta el momento, las labores de búsqueda coordinadas han permitido la localización de seis de los ocho menores en diferentes localidades del país, registrándose hallazgos en Guaranda, el Distrito Metropolitano de Quito y, recientemente, en la ciudad de Tulcán, donde la Fiscalía General del Estado confirmó el paradero de Maykel Curay. La Policía Nacional y los organismos de protección social mantienen activos los operativos de rastreo y las diligencias correspondientes para ubicar a los dos infantes restantes que aún se encuentran desaparecidos.
