Una semana después del fallecimiento de Luis Alarcón Herrera, de 37 años, sus familiares mantienen un plantón frente al consultorio donde ocurrió el deceso para exigir celeridad en las investigaciones por presunta negligencia médica. El hecho se registró el pasado 2 de abril en el norte de Quito, cuando el paciente acudió para una implantación dental que, según testimonios de sus allegados, terminó en tragedia tras la aplicación de anestesia general en un establecimiento que no contaba con las condiciones adecuadas para dicho procedimiento. Tras el incidente, el local fue cerrado por la Policía Nacional y la Agencia Metropolitana de Control.
Las inspecciones realizadas por la Agencia de Aseguramiento de la Calidad de los Servicios de Salud (Acess) revelaron un panorama alarmante en las instalaciones de la clínica y sus sucursales. Los agentes decomisaron 171 medicamentos con inconsistencias e insumos caducados, además de hallar jeringuillas con líquidos no identificados y una gestión inadecuada de desechos. Los informes técnicos detallaron que el local presentaba historias clínicas incompletas y operaba con registros de atención previos a la obtención de los permisos de funcionamiento, lo que refuerza las sospechas de los familiares sobre la falta de rigurosidad sanitaria del centro.
Eduardo Villarroel, tío de la víctima, denunció además que durante el operativo policial el personal del centro intentó destruir documentación que presuntamente contenía el historial clínico y la prescripción del tratamiento. Los familiares hicieron un llamado a la sociedad para estar alerta ante la publicidad engañosa en redes sociales y solicitaron sanciones legales severas para evitar que otros pacientes corran la misma suerte. Mientras la investigación continúa en manos de la Fiscalía y los entes de control, la familia de Alarcón asegura que no descansará hasta obtener justicia para el joven padre, quien dejó a una infante de apenas dos meses de edad.
