El pleno de la Asamblea Nacional conocerá este martes 27 de octubre, a las 10:00, el informe final de fiscalización sobre presuntos incrementos patrimoniales injustificados en las autoridades locales del periodo 2023-2027. El documento, elaborado por la Comisión de Gobiernos Autónomos, analizó un universo de 251 expedientes individuales —que abarcan a titulares, subrogantes y reemplazos temporales de 245 dignidades provinciales y cantonales— e identificó que 95 casos se encuentran en las categorías de alerta roja y naranja. Este grupo representa el 37,85 % del total evaluado y reúne a las autoridades que presentan variaciones financieras con indicios de irregularidad o que requieren una verificación prioritaria por parte de los organismos de control.
Para determinar estas clasificaciones, la mesa legislativa empleó una metodología de cruce de datos que contrastó la evolución de bienes y deudas con las fuentes salariales, integrando información de la Contraloría General del Estado, la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura, el Servicio de Rentas Internas (SRI) y denuncias ciudadanas documentadas. El desglose asignó 41 expedientes a la alerta roja (16,33 %), la cual concentra los hallazgos de mayor gravedad; 54 a la alerta naranja (21,51 %), destinada a casos que exigen comprobaciones técnicas adicionales; 90 a la alerta verde (35,86 %), correspondiente a inconsistencias menores atribuibles a controles ordinarios; y 66 a la categoría sin alerta (26,29 %), donde los patrimonios guardan plena coherencia con los ingresos declarados. Con el fin de no interferir en las indagaciones ni vulnerar el debido proceso, el informe protegió la identidad de los involucrados mediante un sistema de claves codificadas.
Entre las recomendaciones principales, la comisión plantea aprobar el informe en el pleno y remitir de inmediato las alertas roja y naranja a la Fiscalía General del Estado, la Contraloría y la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE). La intención es que estas instituciones profundicen los exámenes de campo, rastreen eventuales flujos monetarios inusuales o activos en el exterior y determinen si existen responsabilidades penales o administrativas. Finalmente, el documento enfatiza que la presencia de un expediente en los rangos de alerta no constituye por sí misma la prueba de un delito, e insta a los organismos de control a presentar un reporte de avances a la Legislatura en un plazo máximo de 15 días.
