El Ministerio del Interior de Italia sostuvo que la llegada de migrantes irregulares a sus costas se redujo un 55% en comparación con 2025 y un 82% respecto a 2023. A través de un comunicado oficial, el Ejecutivo liderado por la primera ministra Giorgia Meloni rechazó la existencia de escenarios de crisis en la isla de Lampedusa, señalando que en el lugar se contabilizan apenas 98 personas alojadas. Esta postura surgió como respuesta a las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores de España, José Manuel Albares, quien cuestionó la gestión migratoria italiana al calificarla como un modelo desbordado.
La controversia se intensificó tras una entrevista concedida por Albares a la televisión pública española, donde afirmó que el país transalpino no ha estado a la altura de las contingencias en la región y que año tras año se ve superado por la afluencia migratoria. Frente a estos cuestionamientos formulados a raíz de la tensión en la frontera de Ceuta, las autoridades italianas defendieron la efectividad de sus políticas de control. Según los registros oficiales de Roma, entre enero y el 31 de julio de este año desembarcaron 16479 migrantes, frente a los 36545 registrados en el mismo periodo del año anterior.
La discrepancia política entre ambos gobiernos coincide con un momento de tirantez diplomática dentro de la Unión Europea. El pasado viernes, la administración de Meloni decretó la suspensión temporal del Tratado de Schengen con España y procedió a restablecer inspecciones de seguridad en puertos y aeropuertos para los viajeros procedentes de territorio ibérico, catalogando la disposición como una acción extraordinaria orientada a resguardar la seguridad nacional.
